sábado, 10 de noviembre de 2012




FELIZ NAVIDAD CON SEGUNDAS Y TERCERAS

Es algo usual ver como los representantes políticos de toda Europa están confabulados para crear la confusión entre los ciudadanos. Parece que todo esto forma parte de un urdido plan de la clase política europea en destruir todo lo que se había creado para volver a reconstruirlo, con gastos a la sociedad y con el consiguiente reembolso de comisiones retribuidas en especie –votos- para seguir en el paraninfo de la cátedra del poder durante más tiempo.
Pues bien, a todo este maremágnum de despropósitos se ha unido hasta la Santa Sede –modernizada en las redes sociales- , poniendo sus propias condiciones; con motivo de la Navidad, los recortes han llegado hasta el Belén dejando al buey y la mula desempleados. Es normal que muchas asociaciones en defensa de los animales hayan puesto el grito en el cielo –nunca mejor dicho- por el dilema que se les presenta al tener que recoger en sus instalaciones demasiados cuadrúpedos que deben de alimentar, limpiar y mimar como se merecen.
La astrología también se ha visto comprometida al dejar las estrellas fuera de órbita a causa de las declaraciones del Santo Padre en relación a que la brújula de los Reyes Magos fue una Supernova –suena como pijo- la que les guio hasta el portal donde la Virgen seguía siendo virgen por los lustros y los siglos. ¿Ateo? No perdón, indignado solamente; incrédulo ante el desvarió de cualquier tipo de personaje con poder que se precie. ¿El fin del mundo? Bueno, hasta los mayas defienden la posibilidad de un error de cálculo en sus predicciones y eso confirma la tesis del Sr. Guindos cuando dice que en 2014 el empleo “podrá” verse recuperado poco a poco.
No tenemos más remedio, vamos a ver si encontramos espacio suficiente para que los bueyes y las mulas pasen estos días de fiesta lo más cómodamente posible; que las supernovas se pongan monas para darnos un festín de luz y esperanza; que la Virgen consiga pronto su libertad y que los Reyes, los que gestionan la monarquía mortal, recorten sus programas de gasto para representar a un pueblo que espera expectante que al Papa le venga el sueño y deje de elucubrar parábolas sobre las cabezas de los que creemos en la justicia, en la dignidad y en los valores del ser humano.
Feliz Navidad –a tod@s por mal que lo estén pasando-, que el Ejecutivo se equivoque en sus creencias políticas y el paro acabe antes de lo anunciado, que los culpables de la crisis que atraviesa Europa –y España en concreto- salgan del panorama político y que los que aún pensamos en la soberanía del pueblo sigamos con la cabeza en su sitio el próximo 2013.
Juan Antonio Sánchez Campos
15 Diciembre 2012




Restaurar la integración social del discapacitado
En nuestro país, a pesar de existir una Ley de Integración Social para personas con Minusvalía (LISMI), no hay un marco excesivamente riguroso que lleve al cumplimiento de lo estipulado en ella; de esa igualdad de oportunidades a la que todo ciudadano tiene derecho. Es necesaria por ello una mayor coordinación entre los sectores de la Administración Central y Autonómicas para atender como se debe las demandas de un colectivo desprotegido en sus necesidades, recursos, empleo o prácticas de competitividad entre profesionales y liberales en un mercado laboral insuficiente.
Es necesario fomentar entre las empresas una mayor sensibilidad para el cumplimiento de este compromiso legal, resulta importante una información y orientación adecuada, que demande la contratación de este colectivo; cada individuo con minusvalía forma parte de un contexto social y familiar, con unas necesidades iguales o superiores al del resto de la sociedad.
Hay factores determinantes en el comportamiento de la sociedad que les hace desconocedores de la realidad de personas afectadas con algún grado de discapacidad;  un individuo que está capacitado para una labor especifica en un ambiente óptimo, en el cual llevar a cabo una amplia exposición de sus conocimientos, siempre podrá ser protagonista en muchos de los momentos claves del engranaje social que debe de empezar a formarse alrededor de este colectivo.
Proyectar una imagen adecuada del minusválido es hacer mención de sus valores sociales y humanos, de su capacidad en conocimientos universitarios y una especial característica personal, su excelente compromiso  de integración e interacción; dotar a las empresas con mecanismos de atracción a la contratación, mediante deducciones apropiadas, subvenciones óptimas en casos de adaptar el espacio del trabajador a su discapacidad y un trato igualitario frente al resto de trabajadores.
La LISMI marca una obligatoriedad de contratar un porcentaje de personas con discapacidad a las empresas dotadas de más de 50 trabajadores, una obligación permisiva que no atiende como debiera lo expuesto en su articulado. Las diferentes formas de exención en la contratación a cambio del abono de cantidades a organizaciones, hacen que la contratación de esté colectivo sea un motivo meramente anecdótico en nuestra Legislación. Es más fácil y económicamente menos oneroso, dependiendo del puesto demandado, acceder a la característica de excepcionalidad  a través del abono de 1,5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aproximadamente 10.000€/año para el ejercicio 2012, que  cumplir con la normativa mediante la contratación directa de un individuo/a con discapacidad; de está forma se evita la LISMI y con ello el “trastorno” al que daría lugar. No es qué el IPREM sea más bajo que el SMI pues al contario, la diferencia a favor del primero es de aproximadamente 100€/mes, el motivo es la falta de sensibilidad y compromiso del sector empresarial para con personas discapacitadas.
La integración social de personas con minusvalía, tan importante en un país que aspira a ser de nuevo pionero de Europa en su lucha contra las desventajas sociales, se ve de forma progresiva mermada en su crecimiento por una carencia de información adecuada entre no sólo empresas con plantillas elevadas, sino en las Pymes y trabajadores autónomos, profesionales o liberales, desconocedores de los privilegios que por la contratación de un discapacitado reciben de las administraciones.
La lucha que este colectivo lleva manteniendo con los gobiernos que han ido tomando el poder en nuestro país a lo largo de los años, intentando una nueva Reforma de la Ley de Integración Social para Minusválidos (LISMI), más férrea en el cumplimiento de los compromisos regulados en la misma, sigue sin dar los resultados que se pretenden, anclados en el deterioro de su bienestar social y calidad de vida, sin poder demostrar los valores, conocimientos y profesionalidad de muchos de ellos para con el resto de la sociedad.
No son buenos tiempos económicos y laboralmente hablando; la crisis azota todos los sectores de nuestra estructura social, las reformas impuestas dejan a las autonomías y las administraciones locales sin recursos pero, ya metidos en reformas, ¿Por qué no revisar también la LISMI? Sería un comienzo pensar en el futuro para no toparnos en su día con obstáculos que podríamos ir apartando del camino hacia el progreso de todas las clases sociales. No debemos de olvidar que existen minusvalías inesperadas –enfermedad o accidente- a las que cualquier persona está expuesta, un hecho que aprendemos a asimilar si nuestro entorno familiar y amigos nos ayuda, creando la base de superación apropiada sobre la cual comenzar a construir con un empleo digno y de calidad, la estructura de futuro del discapacitado.
Son las administraciones públicas las que deben de estimular el sentido pragmático de las empresas, dotándolas de más recursos que sirvan de acicate a la contratación de discapacitados de manera responsable al cumplimiento de las leyes, apostar por el talento y la creatividad de los que aspiran a formar parte de una sociedad comprometida.
Juan Antonio Sánchez Campos




DE UN AÑO VIEJO A OTRO DOLOSO



Nos enfrentamos a un futuro incierto consecuencia del grave deterioro de una clase política irresponsable, la cual ha arrastrado en su declive a la economía no sólo en España, sino en el resto del continente del que formamos parte tras la creación de la Unión Europea en noviembre de 1993. Los lazos por los que fue excepcionalmente constituida como organización internacional, con el propósito de propiciar la integración económica, social y cultural, así como elemento de gobierno común a los estados miembros, se ven lastrados bien por las ideologías de calado diferente, por miedo a ser contagiada de la crisis en sus raíces o tal vez como Alemania, para no comprometer su marcado carácter elitista que le hace ser la protagonista de todos los pasos por los que se rige para tomar decisiones el Consejo Europeo (CE) -órgano intergubernamental de la Unión Europea-.
En septiembre –vaya mesecito- el Gobierno, con el Sr. Wert de anfitrión, aprobó la reforma educativa que modificaba parcialmente la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 2006, y suponía la séptima reforma educativa de la democracia española. Este hecho provocó una migración –no rebelión- en las aulas creando la inquietud e incredulidad de los alumnos, con nuevos compañeros y renovados círculos de amistad –con los problemas que todo el proceso de adaptación les puede haber ocasionado - en su corta trayectoria formativa. Alumnos de centros concertados que pasaban a cubrir pupitres del sistema público bien por culpa de las normas existentes o por el descenso en los recursos de las familias –subida de matriculas, desaparición de becas, gastos de comedor-, sólo el sistema privado permaneció impasible a esté proceso. No se dejo títere con cabeza con las normativas, las Universidades vieron descender el cupo de matriculas por los precios desmesurados de las matriculas; declaraciones del Sr. Wert dibujaban entrelineas que con estás medidas se intentaba deshacer de los alumnos vagos o demasiado repetidores, sin tener en cuenta los problemas individuales de cada persona o las necesidades de un acertado programa de prevención.
Hace más de veinticinco años (1993) se creó uno de los programas que más ha contribuido a construir una Europa de amplia versatilidad cultural y social, Erasmus ha sido hasta ahora una puerta abierta a la integración global de países y culturas diferentes, de clases sociales igualadas en un mismo camino hacía el progreso. Una fuente prodigiosa que genera más de lo que se invierte y ahora corre peligro por falta de fondos. Ya se ha adelantado por parte del Consejo Europeo la falta de financiación para seguir con tan importante directriz de crecimiento, motivo por el cual al Sr. Wert, Ministro de Educación, protagonista de excepción de reformas en el sistema educativo y sin lugar a dudas, un personaje que pasará a la historia de la cultura en nuestro país como especulador orientado a la privatización de la enseñanza la austeridad de las arcas, le ha faltado tiempo a declarar que dejará la partida de asignación al programa Erasmus apartada en la bandeja de su despacho por no tener la suficiente importancia para mantenerla a flote destinando un 60% menos de los recursos –por cumplir el trámite-. Más de dos décadas tiradas en un año a la cuneta de una autopista que marcaba el camino del progreso.
Es algo curioso que en las universidades españolas, posteriormente complementada su formación mediante el programa Erasmus (Sócrates) se prepare a futuros profesionales para formar parte del sistema público –en ocasiones- cuando la máxima institución de investigación y tecnológica de nuestro país, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad como es el Centro de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha declarado en bancarrota por los recortes del Gobierno. Sin dejar aparte de toda está constante incongruencia - invertir en educación o en I+D+i un euro, es multiplicar por un coeficiente mayor indeterminado- al sistema privado –Alemania, Holanda- que acapara el mayor número de ofertas al colectivo más aventajado, o incluso fuerza de las fronteras europeas –EEUU, Brasil, Ecuador, China-; sin duda lo que está ocurriendo este año nos pasará factura en la próxima década.   
En noviembre pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un articulado que referenciaba la autorización para celebrar contratos de colaboración con empresas privadas expertas en auditorias  de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 2010 –para una mayor nacionalización del proceso presupuestario-; con motivo de está actualización del ministerio dirigido por Dª. Fátima Baez García, se dejaba claramente en entredicho la eficacia de los funcionarios de la Administración en un aspecto tan delicado como es la intervención para dejar vía libre a la empresa privada. Tan solo ha necesitado el Gobierno once meses para dejar apartada y maltrecha la responsabilidad y la eficacia del funcionariado.
Condiciones socioeconómicas impuestas a golpe de maza que abren una peligrosa brecha a las desigualdades sociales con tan ansiadas privatizaciones por parte de los ministerios del Sr. Rajoy; determinaciones que atisban un aumento progresivo y desenfrenado del desempleo con sus continuas reformas de la legislación en todos los ámbitos que se le presten adecuados para recaudar desde la entrada al poder de su Gobierno. Recién parecen las declaraciones del Secretario General del PSOE, Sr. Rubalcaba, cuando culpo a Rajoy de generar desconfianza en los mercados por la desunión de los partidos políticos en España sin que por su parte, se haya visto variación alguna en sus posturas como oposición y menos aún evitar un más que probable rescate en toda regla. Está es la política que tenemos en España, no es necesario mirar más allá de nuestras fronteras para conocer la irresponsabilidad que irradia toda la clase representativa de la ciudadanía.
El Código de Buenas Prácticas implantado por el Ministro de Economía Sr. Guindos ha resultado nocivo en exceso para el ciudadano, al quedar desprotegido y sin recursos para afrontar el pago de su hipoteca. Un completo fracaso que se ha llevado por delante la vida de los más débiles y la dignidad de muchas familias, numerosas victimas sin recursos en el camino hacia ninguna parte con algunos supervivientes en el umbral de la pobreza. Una Ley Hipotecaria tan envejecida como las ideologías de los partidos (1909) tachada de injusta e inmoral amén de abusiva por el Tribunal Superior de Justicia Europeo.
Son los bancos, -máximos acreedores de la sociedad española- los que forman parte de un elevado índice de morosidad –superior al 10%-  en el pago de recibos a las comunidades de vecinos integrantes del producto inmobiliario adjudicado tras el expediente judicial de alzamiento –ejecución- hipotecario en todo el territorio español. Algo bastante irónico eso de que además de quedarse con el inmueble a precio de saldo y con la deuda en el aire –sin dación de pago por parte del deudor-, no asumen el costo de su mantenimiento; entidades que cuentan con miles de viviendas en sus carteras y sin compromiso u obligación alguna hacía la Agencia Tributaria en el pago del Impuesto Sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IBI) hasta deshacerse del inmueble -¿para que van a pagar ni ellos, ni la Iglesia (hasta hace poco) si ya está el ciudadano para afrontar sus deudas y rescates, además de limosnas y donativos?-. Unas entidades que dejan los pisos en el ostracismo de sus balances con el deterioro que ello le supone al entorno en el que se encuentran –barrios, portales, seguridad-; solo hechos puntuales en los que los vecinos denuncian a los Juzgados está situación hacen ponerles al corriente en sus obligaciones –comunidad-. Una nueva injusticia con ausencia de buenas prácticas para con la sociedad y que logra infundir preocupación en las comunidades vecinales al, en muchas ocasiones, carecer estos inmuebles del seguro con coberturas mínimas del que agarrase sin denuncias por pequeños inconvenientes –humedades, insalubridad-. El Gobierno, la oposición y el conjunto de entidades involucradas en todo este entramado de intereses, vuelven a dañar el derecho del ciudadano.
No vamos a dejar de nombrar los bancos, entidades financieras y grandes empresas privadas tan sólo por el desbarajuste en el que han involucrado a la sociedad española con la mala –nula- gestión llevada a cabo durante decenios y que infló la burbuja inmobiliaria hasta estallarnos en la cara. Estas firmas han asumido en ocasiones, labores humanitarias de carácter social con personas dependientes – minusvalidos, discapacitados-, logrando insertarlas en el mercado laboral; labores estratégicas que les proporcionaron desgravaciones fiscales y tributarias de gran repercusión a sus cuentas. Pero, como no podía ser menos, el Gobierno ha taponado la esperanza del colectivo de discapacitados, ahogando los recursos de las familias que vieron cambiar su vida con la llegada de algún familiar –hijo, padre, hermano- con enfermedades graves que requerían de todo su tiempo –dejar el empleo, cambiar horarios, acceso a un puesto de trabajo-.
Pues bien, de eso se ha encargado el Gobierno, suprimiendo cuantas ayudas eran precisas para realizar los cuidados a los que una persona tiene derecho y la otra el deber moral y humana de realizarlos –perdidas de ayudas, despidos de asistentes sociales, anulación de cotizaciones-; en fin, un nuevo gesto de los representantes políticos durante el 2012 incapaces de saber el significado que tiene la palabra SOLIDARIDAD. ¿A qué se enfrentan las familias de discapacitados, minusválidos o dependientes de distinto grado? En el caso de los más elevados, a la indigna supervivencia; al resto les queda la garganta para gritar contra la injusticia social que se les ha venido encima.
Las expectativas no son nada halagüeñas y podemos situarnos en 2013 muy por encima de los seis millones de desempleados -26,3% población activa a mes de noviembre 2012-, con el consiguiente aumento de la desigualdad en España que se encuentra en valores de 1995 y sigue aumentando. Es decir, la crisis no sólo ha traído menos riqueza, sino que además está peor distribuida; pero este efecto ha sido sobre España con la política reformista y austera del Gobierno es decir, en el resto de Europa, en la media, no está habiendo este efecto de aumento de las desigualdades o incluso se ha reducido, manteniendo nuestro país el liderazgo tanto en desempleo como en degeneración de las clases sociales de todo el continente –incluso por encima de Grecia-. Hace apenas unas semanas se oía a los mandatarios del Consejo Europeo (CE) desde Bruselas que las cosas se estaban haciendo bien en España; pues bien, lo que se dice no es que a los españoles así les parezca. La variación de la larga lista del INEM puede ser determinante del proceso de recesión y pobreza que ya nos afecta, aún falta por contabilizar los despidos de la restructuración bancaria con los cierres de oficinas y el proceso de compra venta de entidades en la cuerda floja.
Vaya con el año 2012, un ejercicio proclive a la entrada en vigor de leyes, reformas de las ya existentes y cambios de dirección en muchas de ellas. Se creó un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que con solo oírlo, creaba el terror entre representantes de los distintos gobiernos autonómicos y sin embargo, ahora está a la orden del día en peticiones de ayuda, peleando en la fila para ser el primero en llegar a beneficiarse de los mismos. Eso sí, que nadie se venga a engaños, todo cuanto se pida tendrá que ser devuelto con intereses y está claro de donde van a salir los recursos necesarios para afrontar la deuda –otra además de la del gobierno central y la del ayuntamiento conveniente-.
Y siguiendo con el largo proceso de renovación, tenemos que seguir rigiéndonos por el final del estío para ampliar nuestro examen al pasado que posibilite en la medida de lo posible, prepararnos a un futuro próximo. Recién entrado el mes del signo de la balanza, está se volvió de nuevo al lado del proyecto reformista impuesto por el Sr. Rajoy y su pandilla; el IVA volvió a subir y la esperada frenada del IRPF se quedo en agua de borrajas –como todo lo prometido en el programa electoral-; los hogares comenzaron a sufrir el aumento de las facturas en sus servicios básicos –luz, agua, teléfono, gas- tanto como en la alimentación y el gasto escolar –matricula, material, transporte-, hasta en el precio del tupper y el papel de aluminio se dejó notar. El cine ha quedado como un artículo de lujo al que acudir en días de celebración –cumpleaños- y el teatro se queda sin apenas recursos para lijar las tablas de la cultura.
No a lugar la concreción  del Gobierno parece ser la nota predominante de todo lo que ocurre entre Bruselas y el Sr. Rajoy. El Consejo Europeo (CE) no se molesta en proponer sino que va directo a imponer su doctrina en los países más debilitados por la crisis –España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia-; si entiende que la construcción de carreteras debe de ser paralizada para crear empleo, el Presidente español promete –sin pararse a debatir- hacerlo de manera inmediata  –sin cumplirlo-. Esto llama la atención, dejar los proyectos del Ministerio de Fomento para el futuro y la creación de empleo en un proyecto sin futuro. Y todo esto en un año Sr. Rajoy, doce meses de penitencia para la sociedad española por la culpa de haber sacado mayoría. Cada día somos un poco más viejos y pobres sin efectivo –de que vale el delito en pagar más de dos mil quinientos euros en metálico- ¿acaso es una medida para que los bancos ganen con las preceptivas comisiones de transferencias o talones conformados cliente-empresa? Si.
La reforma del sistema sanitario ha caído como una losa en el bolsillo del contribuyente, las pensiones menguadas con respecto a la inflación soportan el euro del medicamentazo y sobrevuelan las empresas privadas para quedarse con la gestión de los centros hospitalarios con los riesgos que imperaran en el proyecto de privatización –despidos, cambios de sistemas de trabajo, horarios-, aunque parece que todo esto no significa mayor problema para el Gobierno acostumbrado a hacer con el ciudadano lo que le plazca.
Cuando parece que el año iba a terminar por agotar el descabellado proceso del partido en el Gobierno, otra sacudida al bienestar social y la calidad de vida viene a sumarse a sus objetivos encubiertos durante meses, los pensionistas. Si la inflación ha superado el 4% en los últimos meses, las pensiones se han desequilibrado de forma ignominiosa por parte del Sr. Rajoy. La pérdida de poder adquisitivo es lo suficientemente obvia para que el hecho de la falta de recursos recaiga en las cajas de los supermercados, buscando lo básico para llegar al límite que les da el crédito insuficiente de sus ingresos. Vaya paliza al prestigio social de nuestro país la que le está dando el Partido Popular en cuestión de semanas.
Desafortunadamente los errores se pagan, se ha dejado la cuerda demasiado larga a la clase política en este país –y el resto de Europa- para hacer lo que les venga en gana sin atender los derechos de los ciudadanos como sus cargos disponen. La política se ha vuelto una lucha sin cuartel para acceder al máximo poder sobre el contrario aunque los contendientes son siempre los mismos; el PSOE y el PP se reparten los combates e incluso en ocasiones, demuestran satisfacción mutua con el fracaso de quienes intentan sortear el cuadrilátero del bipartidismo –se benefician del fracaso de CIU en Catalunya sin esconder su alegría-
De cualquier modo, el malestar general de la ciudadanía se ve en la calle más que en el Congreso o en los enfrentamientos convenidos de los partidos en el poder. Uno de los pilares de sustento en el estado de bienestar como la educación, es junto al desempleo, los principales afectados del dogma austero que asola España y revierte en la ausencia de fundamentos por parte del Sr. Rajoy que condicionen un reflote en el crecimiento económico y bienestar familiar de sus ciudadanos.
Un año, 12 meses, 365 días, 8.760 horas, 525.600 min., o 31.536.000 segundos que más dan, el sufrimiento de la sociedad no se marca en el tiempo sino en el fondo de las personas; un padecer constante que agrava el proceso degenerativo de las clases sociales acercándose peligrosamente a la precariedad, para pasar en poco tiempo a la pobreza y la miseria, hasta llegar a la indigencia en muchos casos. No es un efecto demasiado tardío aunque apenas se note por el exceso de celo en guardar los problemas de muchas familias.
España necesita de una clase política digna de representarla en Bruselas, EEUU, China, Japón o en el fin del mundo; unos políticos capaces de anteponer los derechos ciudadanos a los ideológicos, enérgicos en exigir lo necesario para salir de la crisis sin demasiadas imposiciones –deuda, intereses- pues, al fin y al cabo, ¿Qué podemos temer de Bruselas cuando es Europa la que nos necesita? Una UE sin el concierto de España, es una unión condenada al fracaso.
Juan Antonio Sánchez Campos
01 Diciembre 2012




Cuando la voluntad política es quimera


Opiniones hay para todos los gustos y colores, no es nada nuevo la corrupción política que envuelve la trayectoria de numerosas formaciones en esté país. Vivimos en tiempos de una engañosa versatilidad política en la que los rojos, parecen ser capitalistas de toda la vida y los adinerados, ciudadanos socialmente establecidos entre bastidores ideológicos.
Por ambos lados vemos una simetría tan irreal como indecorosa a las necesidades del pueblo; los sindicatos resurgen en momentos de incertidumbre para hacerse notar en su papel, defensores a ultranza del derecho de los trabajadores pero, ¿Qué hacían en Junio pasado? ¿Dónde atrincheraban sus armas para realizar la labor para la que históricamente se crearon? No es impreciso darse cuenta de que hasta entonces, sus objetivos estaban puestos sobre un Gobierno que había dado muestras de sus recortes con formaciones, asociaciones y sindicatos en sus cuentas de presupuestos; dejando apartado hasta saber la partida reconocida la necesidad de los trabajadores ante la llegada de la Reforma Laboral.
¿Y la oposición? No es que el Sr. Rubalcaba sea el culpable de todos los actos del anterior Presidente en el Gobierno José L. Rodríguez Zapatero, más bien parece estar en una situación de stand-bye con arreones imprecisos a la política reaccionaria del Sr. Rajoy; inmerso en el calvario de su partido –PSOE- por las urnas, que está dejando ligeras las listas de afiliados y simpatizantes a causa del alto grado de culpabilidad en la crisis.
La política en esté país no tiene ni reparos, ni voluntad ética alguna para servirse de aquellos que solo tienen una ideología en su cabeza, el empleo. Si hay que votar a la derecha y guardar el carnet de sindicalista, pues adelante si con ello se logra un puesto de trabajo; aunque después nos engañen con políticas reformistas que nada tienen en común con lo prometido. Todo vale en estos tiempos de necesidad alarmante de la ciudadanía y eso lo saben muy bienes quienes se lucran –política, económica y socialmente- a costa de ello.
Líneas de conducta política que transpiran desconfianza a la ciudadanía, que agarra cualquier clavo por mucho que le arda en el fondo para salir de la situación de precariedad en la que se encuentran familias enteras. Una falta de confianza que se vislumbra en el panorama político descontrolado de valores humanos personales de los dirigentes actuales. Buena muestra es la tirantez creada con el informe policial que se hizo público antes de las elecciones en Catalunya, culpando al Sr. Más de unos presuntos paraísos fiscales y que el Sr. Rajoy optó por esconder la mano dejando la piedra de la satisfacción en el rostro de su Ministro Cristóbal Montoro y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría; un caso que le costó un negativo índice de popularidad al President y dejó la mayoría presumida para lograr un referéndum independentista, entrelaza a pactos nada positivos. Pero los paraísos ocultos nunca vienen solos, si ya creían bastante dañada la imagen en el PSOE, les viene a caer encima el caso del PSC en Sabadell para llenarlos más de incertidumbre en el futuro.
¿Este es el bipartidismo ideal para gobernar España? ¿Son estos los políticos adecuados para confirmar el crecimiento y reflote de nuestra economía? Discrepó muy mucho de que esto sea así, las mayorías han demostrado que atacan las libertades sociales y las hacen serviles a sus proyectos; tanto o más que las declaraciones de los actuales ministros trabajando a impulsos –como decían ellos del Sr. Zapatero-. Una desaparecida voluntad política que está arraigada en los países de la UE, con el coste social que ello representa y que nos llega a hacer ver lejos una Unión verdadera de los integrantes de la misma para salir del receso en el que se encuentra sumido el continente. Al final, podríamos incluso llegar a la conclusión de que la política en la actualidad, es un hecho contagioso que atrapa al individuo y lo hace mutar en su personalidad, haciéndole taimado y orgulloso.
Hay anda el Ministro de Educación Sr. Wert, que busca hacer las paces con las Comunidades Autónomas tras su reciente reforma en el sistema educativo, otorgándoles una simulada concesión para calibrar el horario escolar, siempre que no se toquen de ninguna manera asignaturas instrumentales –lengua, idiomas, matemáticas y ciencias-; eso sí, con el control total del Gobierno para examinar y mantener controlados los centros educativos. No podemos dejar en el tintero al Ministro de Economía Sr. Guindos en este apartado singular, cuando dejó claro que el Sareb –banco malo- no le iba a costar al ciudadano ni un céntimo y ahora tan sólo para capitalizarlo, le quita del bolsillo 2500 millones de euros; caramba con la restructuración bancaria, quien iba a decir que además de dinero público iba a dotar las listas de empleo con un aumento superior a 7000 trabajadores, de momento, tras el sospechoso reflote de Bankia o la compra de Banco Valencia por La Caixa al simbólico coste de un euro.
Y que decir de la situación en la que se encuentran las Pymes con negocios cerrados, pérdidas de poder inversor, aumento del desempleo y desvinculadas del crecimiento económico y social que siempre se les supuso; ¿Y los índices de gasto alimentario? Si ya suponen un descenso del 3% en sólo un año de la llegada al poder del Sr. Rajoy, además del dato significativo que registra el descenso de gasto en el hogar superior al 20% por mucho que diga la diputada valenciana del PP Pilar Sol, que “para comer no pero para televisión de plasma si tienen”, señora la vergüenza es algo que sinceramente parece no estar de su lado precisamente, sería la forma más educada de atender tales declaraciones, además de su cese automático pero esto es otro cantar ¿verdad Sra. Botella?
Política, todo es política en este mundo de locos pero, política de la mala; de la que no deja títere con cabeza ni respeta al ciudadano. Esto es lo que tenemos, además de una crisis que golpea diariamente a numerosos familias –desahucios, desempleo, precariedad, indigencia- . Todo es gasto social, nada queda del crédito político al que la sociedad pueda agarrase para salir de la situación de recesión. Una clase representativa en toda la Unión Europea que pone por delante de los problemas del pueblo, el carácter ideológico de unos partidos con pensamientos añejos; algo a lo que el ciudadano de cincuenta años no llega a comprender cuando primero le dicen que la crisis terminará en 2015 –CE- y después la bajan un año. Qué más da si con los que lleva en el paro nada puede esperar de los políticos actuales? Si ya no cobra desde 2011 ni prestación por desempleo, ni subvención familiar para alimentar las necesidades de sus seres cercanos.
Política, servilismo social, incapacidad de los representantes o estimación incorrecta de la situación que más da,  todo esto nos ha llevado a creer que la política es tan sólo el remolque de un tren que se ha quedado varado en la vía del poder

Juan Antonio Sánchez Campos





MISMOS VICIOS HÁBITOS DIFERENTES


Desde la visión realista de un comportamiento que se está adaptando a las necesidades del variado colectivo social que sigue sumergido en aquellas adicciones que siempre han sido bien vistas por el resto –alcohol, tabaquismo-, nos damos perfecta cuenta de que tales usos han sufrido un cambio de actitud a raíz de la crisis económica que asola el país. Un modelo de conducta diferente derivado del excesivo coste que estos -en algunos casos vicios- suponen para el precario poder adquisitivo de quienes necesitan de su ingesta.
Unos cambios perceptibles en el consumo de estas sustancias que se dejan notar en el uso de otros modelos económicamente más asequibles –marcas nuevas, ofertas, tabaco picado- para mantener una adicción consentida por la mayoría de los ciudadanos; connotaciones que evidencian la necesidad y que pasan por hacer de lo normal extraordinario, han visto alteradas sus conductas sociales en lo relativo a la dependencia de aquellos que sufren los síntomas de estas llamadas drogas legales de consumo libre.
El tabaquismo ha pasado de ser un acto social que compartir entre individuos afines o de un entorno creado de forma superficial por su consumo, a un sentimiento de usura desconocida hasta ahora, que lleva al consumidor a esconderse de aquellos a los que antes ofrecía alegremente el paquete; la irrealidad más inquietante de hacer del gasto propio un lujo a los demás se ha vuelto tan denigrable como el exceso de los fumadores a sabiendas del daño que el consumo les causa al organismo. Situaciones innegables de una sociedad poco formada en relegar como causa esporádica el consumo de tabaco, individuos que se ven condicionados a mantener en secreto inhalar el humo de un cigarrillo en la calle para que nadie pregunte si puede proporcionarle un pitillo; momentos sumamente comprometidos que se dejan en el aire en ocasiones y llegan  a producir enfrentamientos por la negativa a esa petición. Lo que antes se consideraba un momento agradable de disfrutar en compañía, hoy es un instante peligroso para la integridad física o mental de quien lo ejecuta. Evidentes hechos que llevan a reflexionar sobre las actitudes de marginación social momentánea a la que los fumadores convulsivos se arriesgan, cambiando sus modelos de comportamiento por otros no derivados de su propia identidad.
Lo que incluso tras la aplicación de la ley para restringir el espacio de los establecimientos públicos al consumo del tabaco no pudo frenar, lo ha hecho el desempleo, la falta de recursos adecuados para afrontar el gasto de una cajetilla que ya supera en algunos casos los 0,20 € por cigarrillo; un motivo más que suficiente que resulta compatible con la prohibición de su consumo en locales públicos y que han servido para que muchos hayan optado por rescindir a la totalidad ese gasto, con los beneficios que por tal motivo han conseguido y el bien social que revierte a su favor y al del resto de la sociedad en general –gastos sanitarios provocados por el tabaco-.
Desgraciadamente no es solo el tabaco uno de los comportamientos cambiados por la falta de recursos, la muestra más apreciable de tales variaciones la tenemos en el típico botellón que cada fin de semana llevan a cabo no sólo jóvenes, sino colectivos de muy distintas edades y clases sociales. Algo que incide notablemente como otro de los obstáculos a tener en cuenta en el crecimiento de una sociedad moderna y equilibrada.
Lo que empezó como un acto de reunión y rebeldía provocado por el elevado coste de las bebidas alcohólicas en los pub y locales de ocio frecuentados por nuestros jóvenes, se ha convertido en un movimiento social preocupante, causa de numerosos costes al entorno público en el que se producen, así como el dañó progresivo que llega a degenerar la salud de quienes lo practican con demasiada frecuencia. El argumento del precio de las bebidas es el acicate que mueve a las masas que se concentran para promover el exceso de estas y otras sustancias –drogas, tabaco- y que a menudo combinadas, ocasionan no sólo un daño irreversible –puntual- a sus consumidores, sino la alarma social que se ha venido generando por trastornos ocasionados entre los residentes en las cercanías del lugar donde se llevan a cabo tales concentraciones.
El ambiente idóneo para el ocio se ha vuelto inasequible a los bolsillos de los consumidores; los mercados y tiendas donde se vende alcohol han visto incrementadas sus ventas cada fin de semana por está desacertada y a la larga onerosa moda –adicción, dependencia, enfermedad-  a la que la sociedad y las administraciones deben poner remedio de manera urgente. Educar a tiempo, aconsejar a las familias, a los individuos que consumen con temporalidad o asiduamente para cambiar estas costumbres, es un reto que requiere del compromiso social de todas las partes involucradas.
Juan Antonio Sánchez Campos





ENTRE LA PIEDRA Y EL CIELO

Que tendrá la eterna sierra que cuando te despides de ella siempre calla, que cuando te das la vuelta y ya no la miras, notas una ligera brisca acariciando tu marcha. Que tendrá la vida, que cuando apenas lo esperas te sonríe sin complejos y cuando lo esperas, siempre te da la espalda. Que tendrá este mundo, que tendremos los que sobre el vivimos que sin mirarnos nos odiamos y odiándonos vamos viviendo.

Juan Antonio Sánchez Campos

sábado, 27 de octubre de 2012

Respeto y derechos de l@s jóvenes


 “Quiero que quede claro: nunca más, repito, nunca más mientras yo sea alcaldesa de Madrid, cederemos, alquilaremos o consentiremos en ningún edificio propiedad del Ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos”. Dijo la Alcaldesa de Madrid Ana Botella en unas recientes declaraciones al tener conocimiento del suceso acaecido en el Madrid Arena la madrugada del pasado viernes.
No parece ser la solución adecuada a un problema de tal calado. Los jóvenes, como colectivo social, tienen sus obligaciones para con el resto de la sociedad pero indudablemente, también tienen unos derechos convalidados en la constitución. No por dejar de permitir la celebración en recintos municipales de fiestas como la que ocasionado tan triste suceso, se debe privar a los adolescentes, jóvenes y perdonas de diferentes edades, al placer de la música, la diversión y el disfrute de pabellones, estadios, locales o infraestructuras municipales que sean adecuadas a tales eventos.
El negar ese derecho es coartar las libertades de los individuos que no son culpables de hechos tan trágicos como los acaecidos el pasado viernes. Buena muestra tuvimos hace veintinueve años con el incendio de la discoteca Álcala 20 en el que fallecieron 83 personas y de los cuales se expulso a cualquier político que pudiera estar implicado en el mal ejercicio de sus funciones. Los hechos estuvieron durante once años en la mente de las familias que perdieron a sus seres queridos, las que se sintieron abandonadas por los representantes políticos, sin indicios positivos hasta la celebración de un juicio que exculpó de toda clase de responsabilidad a parte de quienes se presumía tenían que ver con la mala gestión del departamento municipal correspondiente en la revisión de la seguridad del local.
Han tenido que pasar dieciocho años de supuesta tranquilidad y buena aplicación de las normativas para volver al candelero de nuestra vida el recuerdo de tan luctuosa tragedia. De nuevo han tenido que ser los muertos quienes nos alerten de que las normas no se aplican adecuadamente a las dimensiones de eventos de similares características.; una ley que debiera estar catalogada como de primer riesgo para la actividad del ocio de nuestros adolescentes, se ha cobrado la vida de inocentes que buscaban una noche mágica de diversión con sus compañer@s, tras la semana académica, sin saber que pasarían a formar parte de una interminable lista de desatinos.
Como individuos sociales debemos de proteger a nuestro entorno de la mejor forma posible, dotando a las administraciones de cuantos recursos sean menester para llevar a cabo su labor de forma segura y consciente de los hechos que pudieran suceder, en el transcurso de eventos de tales dimensiones. Pero parece no haber sido suficiente la muerte de 83 personas para que hayamos aprendido una lección que hemos vuelto a suspender con la nota más baja; preguntas que se quedarán en el aire –sea cual sea la sentencia que se dicte- de la más absoluta indignación. Los padres sufrimos el desenlace sincera y solidariamente, la agonía cada fin de semana, la angustia de amaneceres eternos hasta oír la puerta de nuestros hogares y respirar tranquil@s. El peligro está agazapado en cualquier rincón de la vida, pero si contra él se ponen escudos protectores, será menos probable la tragedia que han sufrido las familias que han perdido sin consuelo a las adolescentes fallecidas.
Todo es razonablemente susceptible de análisis minucioso, pronósticos que adelanten acontecimientos. Las probabilidades están ahí y por tal motivo, los responsables deben de asumir sus cometidos con mano firme, sin dudar ante la imposibilidad de celebración de un evento por falta de las medidas de seguridad convenientes. Esto no ha pasado amig@s, un permiso sellado y firmado por la concejalía pertinente, ha bastado para que la mala suerte y la tragedia se cernieran sobre el Madrid Arena la madrugada del viernes.
Ahora vendrán las dudas, las recriminaciones entre las partes involucradas, en los promotores, en las licencias oportunas para la celebración de la fiesta y los pésames a unas familias que nunca entenderán el destino cruel de sus hijas. Pero ha vuelto a ocurrir, ha vuelto a pasar de nuevo; por muchos cambios que se realizaron desde la tragedia de la discoteca Alcalá 20, no parece que hayan surtido el efecto deseado. Los locales de ocio vuelven a masificarse inseguros ante la desidia de los representantes municipales encargados de su inspección. Las macrofiestas se celebran para festejar eventos de diferentes características y no por ello deben de ser anuladas; lo razonable a veces parece lo más cruel, pero la vida continua y nuestros jóvenes y adolescentes continuarán divirtiéndose a pesar de que muchos de los que estuvieron presentes en el Madrid Arena no vuelvan a ser nunca los mism@s.
Es tiempo de tomar medidas drásticas, revisar cualquier instalación que desee llevar a cabo la celebración de un concierto, un evento deportivo o una fiesta para celebrar el Año Nuevo. Eso se lo debemos a nuestr@s jóvenes, al igual que a las familias de las adolescentes fallecidas se les debe el respeto y la aceleración de una inspección de los hechos que saque a la luz las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir cualquiera de las partes relacionadas con el mismo; sean políticas o públicas. Justicia es la palabra correcta, justicia para la memoria de unas vidas truncadas por una mala organización en un evento diseñado para el disfrute y el ocio de nuestr@s jóvenes y no como obituario en la historia de una sociedad comprometida con el dolor de las familias.
No tiene Ud. razón alguna Sra. Botella para coartar las libertades por el poder de su posición, pero sí es responsable de llegar al fondo de está cuestión y sacar las conclusiones correctas que lleven al diseño de protocolos de seguridad suficientes –por no decir incluso excesivos- en las autorizaciones municipales para la celebración de estos actos. Siempre será mejor asegurar la celebración de los mismos en un recinto perfectamente acondicionado que en las calles de la capital, en la que no serán los vigilantes de seguridad los responsables de cachear a los jóvenes, sino las fuerzas antidisturbios quienes acaben con las celebraciones como solo ellos saben. ¿Se le ha pensado poner a disposición del Pleno su cargo? ¿O el de su inmediato en la lista? No ¿Verdad? Con cerrar las puertas ya está todo hecho. Doy gracias al cielo de que no haya sido mi hijo una de las victimas, como entiendo el dolor de los padres de las chicas fallecidas pero desde luego, no estoy dispuesto a quedarme con los brazos cruzados hasta no ver una ley, diseñada única y exclusivamente, para tomar medidas sobre estas celebraciones, ni dejaré de usar la libertad que me da la democracia para luchar por la de los adolescentes, frente al cierre de las instalaciones de un consistorio que también es de ellos. Moderación Dª Ana, mucho tacto y un poco de sentido común como propaga su Presidente, los efectos de las prohibiciones deben ser tratados cono mejor proceda a la ciudadanía.
Juan Antonio Sánchez Campos



DE LA UTOPÍA AL PROGRESO
Nos movemos en tiempos de cambio, promovidos por una política devastadora que infringe un castigo desproporcionado a la sociedad para lograr su objetivo –el poder-, sin dudar un ápice en menguar la economía de los ciudadanos hasta cubrir sus necesidades. Un sometimiento social que nos hace mirar a un futuro confuso bajo la perspectiva de los taimados planes urdidos por la clase política a nuestras espaldas.
Hay que empezar a forjar un nuevo proyecto, sin el rigor y la elocuencia de una ideología política definida; las necesidades del pueblo son las del Estado y por consiguiente, este tiene que velar para satisfacerlas de manera equitativa a sus posibilidades. Desviarlas de disputas políticas que solo ha generado dudas, compromisos ficticios y engaño continuado; sorprendido a la ciudadanía cuando menos protegida estaba.
Estas no son formas de llegar a un crecimiento en el siglo XXI, países modernos e industrializados que no son capaces de aunar esfuerzos, que hagan salir de está situación de precariedad abusiva en la que se encuentran los países más débiles de la eurozona y que consigue con ello reforzar a los poderosos. El ideal que debe primar en la clase política es el de la solidaridad entre los pueblos; de que sirve un documento de integración a una unión del continente europeo, si no es respetado como el momento exige dice mucho de la verdadera razón de la unión. La clase política debe abandonar su disfraz camaleónico para otros menesteres que no sean los puramente exigidos por la ciudadanía en su derecho. El color solo resulta moderadamente aceptado para satisfacer los intereses de la unión sin dañar al oponente; no para usarlos de cebo en una refriega absurda de soluciones sin sentido. Los tiempos cambian y nuestros políticos deben subirse al mismo tren del progreso o dejar la vía libre a nuevas generaciones, más avanzadas social y económicamente, que puedan hacer valer programas dinámicos, con nuevos modelos sociales, tecnologías, investigación y desarrollo óptimos para nivelar la balanza del poder en cualquier país que se precie de aspirar al crecimiento.
No se puede negar al progreso su camino, no hacer nada para impedir que el ritmo del desarrollo se frene por no ayudar al vecino, nos da que pensar en unas discrepancias que van más allá de las soluciones a tener en cuenta; en estos tiempos que corren el enfrentamiento no tiene cabida. La sociedad en todo su concepto, marca las pautas por las que se mide el bienestar de sus integrantes, sin caer en errores banales y estériles que modifiquen su sentido. Estamos sin percibirlo a las puertas de un cambio, con el que mantener la dignidad de las personas por encima de idealismos obsoletos para llegar a un entendimiento conjunto de que no el más fuerte, es el más inteligente. Conservar los valores intrínsecos de una sociedad no implica desvirtuar el futuro escondiéndonos del presente; todo cabe en el gran escenario de una sociedad moderna y solidaria; por su valor de crecimiento añadido y el carácter de ser potencialmente indispensables cada una de ellas en un mutuo beneficio.
El oscuro espacio político actual no puede seguir siendo un parapeto al que el ciudadano no tenga acceso, ni el autoritarismo agazapado puede prevalecer como idóneo a una sociedad que requiere nuevos formatos en su desarrollo. La guía sobre la que debe transcurrir el progreso, la inversión y por ende, el crecimiento de una sociedad moderna, la impone el legitimo derecho del ciudadano a ser consciente en todo momento de los proyectos de sus gobernantes, con la lealtad que se les exige.
Si hemos logrado llegar hasta aquí, ahora es tiempo de seguir avanzando con métodos políticos convenientes; abolir maniobras tiranizadas de gobiernos insolidario con ideologías añejas, buscar el equilibrio económico de los sistemas de gobierno que se dicen democráticos, empezando por reforzar el nuevo carisma de nuestros políticos para afianzar el derecho ciudadano y modernizando las instituciones para adaptarlas a las nuevas demandas de la sociedad.
Sólo de esa forma la clase política recobrará su sentido y la confianza de los ciudadanos. Tal vez lleguemos retrasados, pero todavía no es demasiado tarde para empezar a trabajar todos juntos en construir un nuevo modelo político capaz de devolvernos la esperanza en el futuro. Las ideologías no deben porque caer en el olvido, pero si menguar su incapacidad de no ver más allá de lo que su filosofía dicta; hay raíces políticas que es necesario arrancar de cuajo, pero las raíces sociales y culturales deben mantener su identidad y permanecer ilesas al cambio pronosticado; el progreso no está reñido con la excelencia en las costumbres de los pueblos ¿Qué sería de una sociedad sin origen?
Juan Antonio Sánchez Campos

domingo, 21 de octubre de 2012


CON EL CONOCIMIENTO EN LA MALETA

La Administración Central está perdiendo grandes sumas de dinero a causa de la brecha que se ha ido formando con las actuaciones de una política en educación absurda; lo que hace años era una fisura en el sistema, a la que el Sr. Zapatero no puso –o no quiso- poner remedio, hoy ya es un gran agujero que es absorbido por un mercado laboral inexistente.
Estamos hablando de l@s jóvenes que comienzan a  sentir la necesidad de buscar alternativas en otros lugares, donde aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria educativa. L@s jóvenes se marchan, llevándose en la mochila la rentabilidad de su formación y dejando a la sociedad española –mal que les pese- que financió su preparación, pagando los intereses sin medios para amortizar el capital invertido.
L@s jóvenes se marchan –la mayoría sin más remedio-,  por la falta de oportunidades de empleo, abocados a dejar su entorno ante la incertidumbre de un país en crisis. No hay motivos que sugieran una mejora a corto plazo y la inversión que se hizo para lograr la formación de futuros profesionales, que fueran competitivos con el resto de miembros no solo del continente, sino del resto del mundo, se ha ido al traste por la carencia de oportunidades, sin dar pie a sacarle rentabilidad alguna –un euro invertido son catorce euros de rentabilidad-  en beneficio de la sociedad y la economía del país.
L@s jóvenes se marchan, pero quedan muchos en las listas del INEM, muchos que no han logrado terminar sus estudios por falta de recursos económicos causados por el desempleo y los recortes; otros tantos, desmotivados por la falta de un programa de apoyo adecuado al que el Gobierno ha dejado en la basura. Hechos constatados dejan a nuestro país sin marca, como uno de los más afectados de Europa por una crisis violenta que repercute en todos los sectores sociales –los que más, las clases menos afortunadas- a la que los gobernantes –España a la cabeza en educación-,  no han sabido plantar cara. Y ahora, cuando más necesitamos la ayuda de nuestros profesionales, el Gobierno ha hecho fomentar su marcha sin poner medidas de inserción laboral convenientes, para paliar el acelerado y preocupante descenso de la prosperidad formativa de nuestros estudiantes.
L@os jóvenes se marchan –en su gran mayoría- , simple y llanamente por la precariedad del empleo. De como vamos a salir de la crisis si la marcha hace escasear la adaptación de profesionales a las nuevas tecnologías, adquirida en sus años de formación, es una incógnita que deberá explicar el Gobierno de forma rápida y precisa.
L@s jóvenes se marchan con la formación bien visible en su equipaje a otros países, que les espera con los brazos abiertos para mejorar –utilizando sus capacidades-  el ritmo de crecimiento deseado a costa de nuestra inversión. España pierde su marca de liderazgo, aventurada a un mañana con un reducido importe calibrado a la educación y formación de nuestros futuros profesionales, con un saldo negativo por la falta de expectativas de una Administración incongruente.
Mientras esto ocurre, todavía hay líderes políticos y empresas privadas emblemáticas que festejan la cultura ¿Le ha preguntado alguien a D. Lorenzo Silva, reciente ganador del Premio Planeta 2012, que piensa del despilfarro en la entrega del galardón cercano a los cuatrocientos mil euros? Y no hablo del importe del premio que bien ganado es, sino de las vieiras y el vino.
Cundo la crisis golpea a las familias en la parte más sensible, el hambre, todavía queda soberbia entre la clase política suficiente para brindar con champan –o cava-. Claro que a D. José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, siempre le quedará por decir aquello de que cada uno, se gasta su dinero como le viene en gana y no en campañas electorales que transitan por el borde de una inculta insensatez.
Juan Antonio Sánchez Campos

sábado, 20 de octubre de 2012


ENCALLADOS EN LA DEPENDENCIA

Austeridad, sacrificio, disciplina y orden, son la bandera que ondea en las declaraciones de la canciller alemana Frau Merkel;  más parecidas a las de la directora de un centro de reinserción a la vieja usanza, que a las de alguien que busca la cohesión y el consenso como base reguladora de llegar a acuerdos fructíferos entre los países integrantes de una Unión Europea que se despedaza por la carencia de puntos de inflexión entre los mismos.
Unos alegatos que contribuyen sobremanera a crear un clima de consternación entre la sociedad española, que no entiende ni el motivo, ni la causa del empeño por parte de las fuerzas políticas más poderosas de la UE, en seguir con sus dogmas de asfixia fiscal que llevan hacia una acefalía social  a los ciudadanos de esté país; a una rotura en la pieza que mantiene el equilibrio de la sociedad española.
Pero parece ser que la voluntad de un país vale más que la del resto, un interés en frenar cualquier acuerdo que redunde y satisfaga a nuestras necesidades. La búsqueda del poder es el verdadero objetivo de la líder germana, dotar a Europa de plena autoridad para implantar su acceso a las cuentas públicas de los países de la UE; cediendo con ello soberanía económica que sirva a su propio beneficio. Bien sencillo, acaparar todo el poder decisorio a su servicio, endeudando a las naciones con menor poder económico. Una buena estrategia que traerá por añadidura imposiciones adustas en el maletín de los próximos personajes fabricados para el desempeño de esa función, un supervisor bancario y un supercomisionado –alemanes o aliados de primera-, que husmeen en las cuentas que interesen con total impunidad.
De la inversión, como factor clave de localizar el crecimiento que atraiga con ello la creación de empleo en nuestro país, nada se ha hablado desde hace semanas –meses-. ¿De qué valdrán los pactos concertados y las obligaciones contraídas? Son interrogantes que todos los ciudadanos de nuestro país se hacen a diario –cada minuto del día-. El desempleo en España alcanza cotas inimaginables hace apenas media década, asumimos más del 20% del paro en toda la Unión Europea y nos siguen exigiendo más sacrificios; si no se hace nada por paliar estos datos, la situación se hará insostenible a corto plazo; aunque parece que esto no sea suficientemente alarmista para el Gobierno. Es hora de poner sobre la mesa del Consejo Europeo soluciones rápidas y consecuentes con la situación que sufre la ciudadanía española, tomar decisiones criticas por mucho miedo que le de al Sr. Rajoy enfrentarse a su homologa alemana España necesita de forma inmediata el regreso de la inversión.
El sistema ha fallado –empleo, educación, inversión, educación, cultura- por la falta de efectividad de sus manipuladores –clase política, bancos y entidades financieras-,  por la ausencia de lealtad a sus programas y el ocultamiento de balances de las entidades bancarias. El sistema ha fallado sí, motivo por el cual la sociedad española ha sufrido un sabotaje en primera línea de flotación –calidad de vida y educación obligatoria-, un atentado que ha costado más de 5000 millones de euros en recortes a la educación y una presumible congelación de las pensiones que debilite el poder adquisitivo de los pensionistas, junto a los estudiantes, las clase más desfavorecidas.
Aun así todavía encontramos representantes políticos que critican el derecho a manifestarse públicamente –Secretaria de Estado de Educación-  su malestar con la gestión del Gobierno, declarando de forma inconsciente que el uso de semejante derecho durante tres días de ausencia a clase, supondrá un descontrol en el ritmo del curso escolar. Como la soberbia llega a estos límites es algo ya común entre los dirigentes del PP, capaces de poner en duda la legitimidad de los padres a expresar su indignación ante la barbarie de su política de austeridad –contagiados por Berlín-; cuando muchos de esos progenitores llevan más de dos años sin obtener un puesto de trabajo que les aporte los recursos necesarios para pagar el comedor de sus hijos y los libros de texto. Pero eso posiblemente, tampoco sea susceptible de manifestase públicamente para los miembros del Gobierno.
Sentido común, inversión y empleo con carácter de urgencia, son los aspectos a tratar por el Sr. Rajoy con sus homónimos europeos, a pesar de que el CE diga lo contrario, pues posiblemente sean otras las aspiraciones que buscan.
Juan Antonio Sánchez Campos

viernes, 19 de octubre de 2012


EL MINISTRO NI DEJA NI HACE

Una mayor inversión de los poderes públicos en educación, está intrínsecamente vinculada a una mejora de resultados; es impropio declarar nula la rentabilidad obtenida a pesar de las cifras que maneja el Ministro de Educación, Sr. Wert.
Una menor inversión es sinónimo de una mayor pérdida de oportunidades, los medios deben de ser usados convenientemente, analizados de forma adecuada para garantizar su efectividad. Pero la Administración parece entender que la manera idónea de llevarlo a cabo consiste en el recorte al sistema educativo, utilizando el despido del personal docente y las altas cifras de las tasas universitarias, que han repercutido en la precariedad económica de las familias. Si lo que quieren es acabar con el sistema público en educación van por buen camino.
Desafortunados incidentes en un centro católico de enseñanza no pueden ser el símbolo en el que se escuden los miembros del Ejecutivo para catalogar las manifestaciones de alumnos, padres y asociaciones ante la avalancha de austeridad educativa promovida por el Gobierno. Hechos que sin lugar a dudas, deben de ser castigados como merecen por parte de la autoridad competente; al igual que las actuaciones desmesuradas en las que intervinieron miembros del cuerpo antidisturbios de la policía hace apenas unos días; situaciones que no pueden quedar impunes porque son claramente incumplidoras de las normas de convivencia y armonía social establecidas. Hay que catalogar las circunstancias ajenas a la realidad que se busca, no mirar tan sólo lo que beneficie a las partes.
Pero más allá de todos estos esporádicos desmanes, queda el completo y legítimo derecho a denunciar públicamente el acoso del Ministerio de Educación por todas sus jerarquías, catalogando las manifestaciones de las partes afectadas como avanzadilla en las aspiraciones ideológicas y políticas de los partidos en la oposición.
La deriva va por otro lado muy distinto Sr. Wert, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos la educación, está por encima de guarismos políticos. El compromiso que adquirió el Gobierno para salvaguardar ese derecho debería de estar preservado a sus ambiciones y no lo ha hecho; ha sido profundamente vulnerado por una austeridad reaccionaria. La política, para un alumno de primaria, no deja de ser “cosa de los  mayores” pero, para esos mayores la educación de sus hijos está por encima de las tramas políticas. A ver si nos enteramos de una vez por todas Sr. Ministro de que va todo esto.
Juan Antonio Sánchez Campos

jueves, 18 de octubre de 2012


LOS RICOS ADORAN BANKIA

Es normal que la clase adinerada se frote las manos de forma tan abrumadoramente ensordecedora. Cuando Bankia saca su tenderete de productos inmobiliarios, el dinero sale debajo de los bien acolchados bolsillos de la empresa privada o el amnistiado de turno, para atrapar en sus “saneadas” redes todo aquello que vea atractivo. El tiempo dará la razón a quien humildemente escribe estas líneas.
Lo que Bankia está haciendo de forma desconsiderada en estos  momentos es pura mercadería al servicio del pudiente. Mostrar un ladrillo debilitado a quien tiene el poder adquisitivo suficiente de comprar, el dinero es lo que tiene, cuando el que lo tiene lo multiplica en época de crisis varias veces sin riesgo alguno. Es tan sencillo como fácil comprar a precio de mercadillo saldos rebajados, para vender cuando el tiempo así lo disponga a precio de boutique de primeras marcas a inversores extranjeros –o españoles-, con el beneficio “pulcro y limpio” que otorga el poder del dinero.
Inmuebles que en muchos casos –la mayoría- han sido embargados a empresas promotoras, constructores autónomos o ciudadan@s normales, por falta de recursos económicos con los que hacer frente a la deuda. Es mejor para la entidad quitarse de encima el problema a un precio razonable cuanto antes, que pagar impuestos, arbitrios o recibos de comunidad a los que hacer frente. El moroso lo seguirá siendo de por vida, en caso del trabajador que se ha quedado sin empleo para pagar la hipoteca ni siquiera tendrá la oportunidad de seguir en la vivienda, bajo un régimen de alquiler adecuado e incluso subvencionado por la entidad acreedora. Esa entidad a la que le estamos pagando la deuda contraída con la sociedad por su mala gestión, la que es poseedora de una cuota de participación en la crisis que soporta el ciudadano junto a la clase política que lo permitió –Sr. Zapatero-  y el Gobierno del PP que le dio la oportunidad de salir adelante con el dinero del contribuyente. Lógico ¿verdad? que el que paga las consecuencias del trabajo mal hecho de la Administración sea siempre el mismo; el que paga las prejubilaciones millonarias de los consejeros, la incapacidad de la clase política y las deudas contraídas.
Los ricos también lloran, pero sus lágrimas –sino es tema humano- son distintas porque pueden permitírselo y apenas pueden notarse; el pueblo llora de frente, grita de rabia e impotencia, pero nadie parece escucharle –o no quiere-. El pueblo invoca el legítimo derecho a que sus seres queridos vivan bajo un techo y no a la intemperie insolidaria de una clase política y adinerada; la justicia no siempre hace honor a su palabra.
Juan Antonio Sánchez Campos